Polémica con los intérpretes judiciales y policiales

Polémica con los intérpretes judiciales y policiales

La semana pasada se presentaron las conclusiones de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Grupo de Mediación e Interpretación en el Ámbito Social (MIRAS) de la UAB, con el título «La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal: desarrollo de recursos al servicio de los intérpretes judiciales de rumano, árabe, chino, francés e inglés».

Los resultados de este estudio son, a nuestro entender, alarmantes. Y, probablemente, si se analizaran las interpretaciones que se llevan a cabo en órganos judiciales de todo el país, nos encontraríamos con el mismo escenario una y otra vez.

Se demuestra, así, de alguna manera, una situación que, hace tiempo, venimos denunciando muchos de nosotros, profesionales que nos dedicamos a la interpretación judicial y policial ¿Por qué la Administración Pública no modifica la provisión de este servicio? ¿A qué espera? ¿Qué más datos necesita?

El estudio analiza más de medio centenar de vistas en diferentes juzgados de Barcelona y evidencia que, de media, no se interpreta el 54 % de la información que se dirige al acusado, tanto la realizada en voz alta, que queda grabada, como la que hace el intérprete al acusado al oído, que no queda registrada. El estudio, además, deja constancia de errores graves de traducción, falta de profesionalidad y desconocimiento del código deontológico. En cuanto a la calidad de la interpretación, se cometen una media de 21 errores graves por hora, como falsos sentidos u omisiones, registro inadecuado o falta de precisión, además de otros relacionados con el lenguaje judicial. O intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirle.

Si bien es cierto que a menudo, en los juicios o vistas, se producen solapamientos entre los operadores judiciales, que dificultan una interpretación precisa y completa, así como una velocidad de habla muy alta en algunos fragmentos importantes del juicio, como el informe final o la sentencia in voce.

Las autoras del informe consideran que los intérpretes y las empresas proveedoras de este servicio desconocen o no aplican el código deontológico existente y hacen un llamamiento a que se aplique en su totalidad la Ley Orgánica del 2015, que reconoce la traducción y la interpretación como parte del núcleo esencial de los derechos para la tutela judicial efectiva.

Todo esto afecta principalmente a los acusados, que son, por lo general, inmigrantes con pocos recursos. Por eso, insistimos una vez más en la importancia de contratar a profesionales con experiencia, sobre todo para trabajos que requieren cierta especialización.

Esperamos que estudios como este sirvan para cambiar la práctica habitual en nuestro país…

Coralia Pose

Coralia es la fundadora de Coralia Traducciones y traductora profesional desde hace más de 15 años. Especializada y certificada para realizar traducciones juradas desde el año 2003, se ha consolidado como referente en este sector.

Comentarios cerrados